1. Una innovación en una figura jurídica de origen medieval
La disposición final primera de la Ley del Régimen Económico Patrimonial del Matrimonio, aprobada por el Parlamento de las Illes Balears el 27 de octubre de 2026, ha modificado la Ley 8/2022 e introduce la definición del cónyuge. Esta reforma supone una auténtica novedad en esta institución jurídica. La definición se ha reservado siempre a los descendientes (hijos y nietos), pero nunca hasta ahora a los cónyuges. Se rompe, por tanto, una tradición jurídica secular, aunque a mi entender esto no es un demérito, sino todo lo contrario. Las instituciones jurídicas deben adaptarse a las nuevas realidades y necesidades sociales. El apego literal a la tradición jurídica no hace sino fosilizar en el tiempo unas normas que fueron útiles en su momento, pero que fácilmente pueden quedar obsoletas.
Cabe señalar que la definición del cónyuge solo se ha introducido en el derecho de Menorca y Mallorca, y no en el de Ibiza y Formentera, ya que en este el cónyuge no es legitimario. Tradicionalmente, los derechos del cónyuge que sobrevivía se pactaban en los espòlits; sin embargo, esta figura ha caído en desuso en las últimas décadas.
2. Principales consecuencias prácticas
2.1. No sujeción al IRPF de las ganancias patrimoniales del donante
La Ley 6/2025, de 23 de julio, de Presupuestos Generales de las Illes Balears para 2025, reformó el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y bonificó las donaciones ordinarias (sin pacto sucesorio) a favor de familiares directos (cónyuges, hijos y nietos). Esto ha facilitado las donaciones de dinero y de bienes que no generan ganancias patrimoniales a los donantes. Estas donaciones no tenían que abonar el impuesto de sucesiones y donaciones, siempre que se hicieran conforme a los condicionantes de la ley.
Ahora bien, la donación podía consistir en un bien capaz de generar ganancias patrimoniales (inmuebles, acciones, participaciones…). En ese caso el donatario no tenía que pagar nada por el impuesto de donaciones, pero al donante no le salía gratis, sino todo lo contrario: esas ganancias patrimoniales estaban sujetas al IRPF, entre el 19 y el 30 % de la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión. Esto disuadía por completo de hacer este tipo de donaciones.
Con la introducción de la definición del cónyuge será posible hacer donaciones entre cónyuges de naturaleza sucesoria. Así, el donante no tendrá que tributar por esas ganancias patrimoniales en el IRPF. El donatario, por su parte, tendrá dos posibilidades: no pagará el impuesto de sucesiones y donaciones si se atiene al valor de referencia con un incremento máximo del 20 % (o al valor de mercado, si no hay valor de referencia), o bien tendrá que tributar conforme al Impuesto de Sucesiones.
2.2. Personas divorciadas, separadas, viudas y supuestos de nulidad matrimonial
Para estas personas, la reforma también puede tener una utilidad especial. Es una realidad social que muchas personas divorciadas, separadas, viudas o a las que se les ha anulado el matrimonio (supuesto realmente residual hoy en día) rehacen su vida sentimental. Ahora bien, si han tenido descendencia de su primera relación, muchas optan por no casarse ni inscribirse como pareja estable para evitar la problemática de la legítima vidual.
En Menorca y Mallorca, la legítima vidual en concurrencia con descendientes es el usufructo de la mitad del haber hereditario. Si esa persona viuda, separada, divorciada o con nulidad matrimonial vuelve a casarse, a su fallecimiento los hijos de su primera relación tendrán que compartir ese usufructo de la mitad del haber hereditario con la segunda esposa o esposo. Pensemos en el caso de un cónyuge que solo tenga un piso en propiedad al 100 % y dos hijos del primer matrimonio: los hijastros tendrían que compartir el uso del piso con la madrastra.
Por este motivo, muchas parejas han decidido no formalizar su relación, con la pérdida de los beneficios fiscales y de pensiones que ello comporta.
Con esta reforma, las personas divorciadas, separadas, viudas y con nulidad matrimonial podrán casarse y otorgar un pacto de definición en el que renuncien a los futuros derechos hereditarios. Así evitarán posibles conflictos agrios entre familiares.
La exposición de motivos explicita esta razón de la reforma:
«El número de parejas que pasan a segundas o terceras relaciones es mayor que en tiempos pasados, como también las nuevas familias reconstituidas y también el hecho de contraer matrimonio a una edad en que, probablemente, ya no se tendrá descendencia y que uno o ambos cónyuges la tengan de relaciones anteriores o no. Por estos hechos usuales en nuestra sociedad, se ha entendido que esta institución da la posibilidad de organizar en vida la situación del otro miembro de la pareja, permitiendo el pago anticipado de la legítima que le corresponderá en la sucesión de su consorte, que es el único derecho sucesorio de origen legal exigible, y evitar futuras controversias.»
3. Objeto de la definición
3.1. La prestación del donante
Para referirse a su otorgamiento, la ley usa la terminología acuñada en la reforma de la Ley 8/1990, de 28 de junio, de la Compilación: «en contemplación de una donación, atribución o compensación que reciba o haya recibido». Es la misma fórmula que ha seguido la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión paccionada o contractual de las Illes Balears.
La Ley 5/1961, de 19 de abril, sobre Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares, utilizaba unos términos más limitados: «donación o ventaja».
La redacción es, por tanto, lo bastante amplia para que quepa en ella cualquier tipo de bienes o derechos. Cabe indicar que la referencia que contiene este artículo a la compensación no debe entenderse hecha al término jurídico de compensación propiamente dicho.
Debemos comentar el tiempo verbal empleado por el legislador, que combina presente y pasado: «reciba o haya recibido». Hay que entender, por tanto, que la definición puede ser simultánea a la atribución, donación o compensación, o que esta puede haber sido anterior a la renuncia de los derechos sucesorios. Ahora bien, podría hacerse una donación y, al cabo de un tiempo, otorgarse una escritura de renuncia de definición basada en la donación recibida anteriormente. Aunque es legalmente posible según la nueva redacción del artículo 51, lo cierto es que esa donación difícilmente podría tener la consideración de pacto sucesorio a efectos fiscales.
En las definiciones recíprocas, que probablemente serán habituales, también debe haber una contraprestación recíproca.
3.2. La prestación del donatario
3.2.A. Precisión terminológica
La nueva ley habla de «futuros derechos legitimarios», mientras que las regulaciones anteriores se referían a la renuncia a la legítima. En puridad, en el momento de la escritura pública de donación con definición todavía no existe derecho legitimario de ningún tipo, ya que estos derechos solo nacen con la muerte del causante. Por tanto, consideramos acertada esta precisión terminológica. No obstante, dentro de una misma ley, la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión paccionada o contractual de las Illes Balears, se observa una disparidad terminológica entre el artículo 38 y el 50 bis. Sería deseable que en el futuro se homogeneizara.
3.2.B Una única definición
La nueva ley solo permite una definición: la referida a la renuncia a los futuros derechos legitimarios. No contempla la renuncia a otros derechos sucesorios.
3.2.B.i. Antecedentes legislativos
1. La Ley 5/1961, de 19 de abril, sobre Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares, se expresaba en estos términos en su artículo 50:
«Por la definición, los hijos e hijas emancipados pueden renunciar y dar finiquito a las legítimas y demás derechos en la sucesión de sus padres en contemplación a alguna donación o ventaja que éstos les hicieren en vida».
2. La Ley 8/1990, de 28 de junio, sustituye la conjunción «y» por «o»: donde decía «legítimas y demás derechos en la sucesión» pasa a decir «derechos sucesorios o únicamente a la legítima»:
«Por el pacto sucesorio conocido como definición, los descendientes legitimarios y emancipados pueden renunciar a todos los derechos sucesorios o únicamente a la legítima que, en su momento, pueda corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en contemplación de lo que reciban o hayan recibido anteriormente de estos.»
Este cambio de una «y» por una «o» llevó a interpretar que era posible otorgar dos pactos de definición: uno limitado a la legítima y otro referido al resto de derechos sucesorios.
3. El proyecto de la Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modificó la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears (BOIB núm. 96, de 5 de agosto de 2017), recogía:
Artículo vigesimoprimero
Se añade un párrafo al final del artículo 50 del Texto Refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears, aprobado por el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, con la siguiente redacción:
Los cónyuges también podrán otorgar el pacto de definición regulado en los párrafos anteriores, mediante el cual cualquiera de ellos o ambos renuncien a los derechos sucesorios o únicamente a la legítima que, en su día, pueda corresponderles en la sucesión de su consorte de vecindad civil mallorquina.
Este artículo finalmente decayó y no fue aprobado por el Parlamento de las Illes Balears.
4. La Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión paccionada o contractual de las Illes Balears, lo regula en su artículo 38:
Por el pacto sucesorio de definición, los descendientes legitimarios pueden pactar la renuncia a la legítima o por más de la legítima en la sucesión de sus ascendientes, en consideración a alguna donación, atribución o compensación que de estos, de su heredero contractual o de otros ascendientes reciban o hayan recibido con anterioridad.
En esta norma, el legislador se refiere al pacto que abarca todos los derechos sucesorios como pacto de renuncia «por más de la legítima».
La nueva ley, en cambio, solo se refiere a los «futuros derechos hereditarios»:
Cualquiera de los cónyuges, o ambos, podrán otorgar el pacto sucesorio de definición de los futuros derechos legitimarios que pudieran corresponderles en la sucesión de su consorte, en contemplación de una donación, atribución o compensación que reciba o haya recibido del otro, a su satisfacción, con anterioridad.
Observamos, por tanto, que el legislador se aparta de lo que había sido una constante desde la reforma de 1990: la posibilidad de renunciar a los futuros derechos legitimarios o a todos los demás derechos sucesorios. Esa posibilidad la recogía incluso el proyecto de Ley 7/2017, que introducía por primera vez la definición del cónyuge viudo.
El legislador lo explica en la exposición de motivos:
Por estos hechos usuales en nuestra sociedad, se ha entendido que esta institución da la posibilidad de organizar en vida la situación del otro miembro de la pareja, permitiendo el pago anticipado de la legítima que le corresponderá en la sucesión de su consorte, que es el único derecho sucesorio de origen legal exigible, y evitar futuras controversias.
(…) el artículo 50 bis determina el concepto de definición de legítima entre cónyuges, ya que no se regula la definición por más de la legítima, que no es un derecho legalmente debido; los derechos sucesorios voluntarios siempre se conservan porque rige el principio de la libertad de testar.Es una opción del legislador. No obstante, lo cierto es que el derecho civil de las Illes Balears contempla otros derechos sucesorios que podrían corresponder al cónyuge si fuera instituido heredero. Cabe mencionar:
- La cuarta trebeliánica (art. 29 de la Compilación).
- La cuarta falcidia (art. 38 de la Compilación).
- El derecho a solicitar la rescisión de las disposiciones de bienes presentes realizadas por el donante universal en perjuicio de su derecho (art. 15).
Entendemos que, desde un punto de vista teórico, el legislador podría haber optado por permitir también una definición amplia o por más de la legítima. Sin embargo, como veremos, la definición del cónyuge puede tener derivadas complejas en caso de ineficacia sobrevenida, y quizá se ha querido evitar más complejidad con un segundo pacto de definición.
En cualquier caso, solo es posible una única definición del cónyuge.
No obstante, el artículo 45.1 contempla un supuesto que el artículo 50 ter no recoge expresamente: el del cónyuge que, aun sin estar divorciado ni separado legalmente, ha iniciado los trámites previstos a tal efecto en la legislación civil del Estado. Este cónyuge también pierde el derecho a ser considerado legitimario. Parece una imprecisión o un descuido legislativo, ya que de lo contrario no se entiende la referencia «de acuerdo con el artículo 45.1 y 2 de la Compilación».
La separación de hecho no se contempla como causa de ineficacia sobrevenida.
También es causa de ineficacia sobrevenida la cancelación de la inscripción como pareja estable (artículo 50 sexies).
Observamos que la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión paccionada o contractual de las Illes Balears, trata de otra manera el divorcio, la separación y la nulidad del matrimonio cuando el donatario ha actuado de mala fe. Allí son causa específica de revocación de la donación universal (art. 30), y no causa de ineficacia sobrevenida.
4. Ineficacia sobrevenida
4.1. Causas
En el artículo 50 ter, el legislador establece como causas de ineficacia sobrevenida, de acuerdo con el artículo 45.1 y 2 de la Compilación:
- la premoriencia del cónyuge que ha definido;
- la nulidad matrimonial, si el cónyuge que ha definido ha sido declarado de mala fe;
- el divorcio;
- la separación legal.
No obstante, el artículo 45.1 contempla un supuesto que el artículo 50 ter no recoge expresamente: el del cónyuge que, aun sin estar divorciado ni separado legalmente, ha iniciado los trámites previstos a tal efecto en la legislación civil del Estado. Este cónyuge también pierde el derecho a ser considerado legitimario. Parece una imprecisión o un descuido legislativo, ya que de lo contrario no se entiende la referencia «de acuerdo con el artículo 45.1 y 2 de la Compilación».
La separación de hecho no se contempla como causa de ineficacia sobrevenida.
También es causa de ineficacia sobrevenida la cancelación de la inscripción como pareja estable (artículo 50 sexies).
Observamos que la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión paccionada o contractual de las Illes Balears, trata de otra manera el divorcio, la separación y la nulidad del matrimonio cuando el donatario ha actuado de mala fe. Allí son causa específica de revocación de la donación universal (art. 30), y no causa de ineficacia sobrevenida.
4.2. Efectos
El efecto es la ineficacia sobrevenida del pacto de definición. Por tanto, nace el derecho del cónyuge que ha hecho la atribución patrimonial a ejercer la acción de restitución de dicha atribución.
Con la acción de restitución, el cónyuge atribuyente recupera la atribución patrimonial que transmitió, si se conserva en el patrimonio del cónyuge atributario. Si este dispuso de ella a título oneroso, recupera la contraprestación; si dispuso de los bienes a título gratuito, su valor.
Observamos aquí dos novedades relevantes respecto a la regulación de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión paccionada o contractual de las Illes Balears:
- En la definición de descendientes, si el donatario ha dispuesto a título oneroso, el donante no puede reclamar nada. En la definición del cónyuge, el donante puede reclamar la contraprestación.
- En la definición de descendientes, si el donatario ha dispuesto de los bienes a título gratuito, el donante puede recuperarlos (del donatario del donatario). En la definición del cónyuge, el donante puede reclamar el valor de los bienes, pero no su restitución al donatario del donatario.
Se plantea aquí la duda sobre el momento en que deben valorarse los bienes dispuestos a título gratuito: el de la donación, el de la ineficacia sobrevenida o el del ejercicio de la acción de restitución. Las diferencias de valoración pueden ser relevantes. La ley no lo especifica. El Código Civil establece en su artículo 645.3 que hay que estar al momento de la donación, igual que el Código Civil de Cataluña (art. 531-15.5). Habrá que acudir, por tanto, al artículo 1.3.5 de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears y considerar de aplicación supletoria el artículo 645.3 del Código Civil.
No deberán devolverse los frutos obtenidos antes de la interposición de la demanda de restitución.
Tampoco afectará a las cargas que el cónyuge atributario haya constituido sobre estos bienes antes de la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad, pero sí a las constituidas después de dicha anotación preventiva como causa de revocación y plazo diferente.
Cabe prever una notable conflictividad en esta materia. Una crisis matrimonial deriva muchas veces en un conflicto judicial, y en ese contexto es previsible que se ejerza esta acción de restitución, que puede generar situaciones realmente complejas. Imaginemos una donación de un inmueble entre cónyuges con definición: el marido dona una casa a su mujer y, durante el matrimonio, la esposa donataria vende el inmueble y dispone del dinero recibido. Llega la crisis matrimonial, el divorcio, y el marido reclama una contraprestación que ya no existe en el patrimonio de la donataria…
La premoriencia también plantea incógnitas. En la definición del cónyuge, la ineficacia se produce tanto si el renunciante tiene descendencia como si no la tiene, a diferencia de lo que ocurre en la definición de descendientes del artículo 41 de la Ley 8/2022. Será necesario advertir de este punto a los futuros donatarios en la definición del cónyuge, especialmente si tienen hijos de una relación anterior.
Por otra parte, en caso de premoriencia, los herederos del premuerto se situarán en la posición del causante (aquí, el donatario) y le sucederán en todos sus derechos y obligaciones. Pero el donatario podría haber legado o donado a su vez esos bienes a alguien que no sea su heredero. ¿Contra quién debe reclamar entonces el cónyuge donante? No contra el renunciante, que ya no vive. ¿Contra los herederos, que no han recibido esos bienes, o contra quien sí los ha recibido?
Por último, en los casos de nulidad con declaración de mala fe del cónyuge, separación legal y divorcio, la ley establece la ineficacia sobrevenida del pacto de definición, que da derecho a ejercer la acción de restitución de la atribución patrimonial. Sin embargo, se trata solo de un derecho, así que es perfectamente posible que el cónyuge donante opte por no recuperar la atribución patrimonial, es decir, la donación. Cabe preguntarse entonces cómo quedaría considerada esta donación: ¿como una donación entre extraños? ¿Podrían revertirse las deducciones fiscales de las que han disfrutado donante y donatario en el pacto de definición que ha devenido ineficaz?
4.3. Procedimiento
El plazo es de un año a contar desde la premoriencia, desde la sentencia firme de nulidad matrimonial o desde la escritura pública o sentencia firme de separación o divorcio. Coincide con el plazo que establece la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión paccionada o contractual de las Illes Balears, para revocar la donación universal por nulidad cuando el donatario ha actuado de mala fe, por separación legal o por divorcio (art. 31).
A diferencia de la Ley 8/2022, no se contempla la posibilidad de ejercer la acción de restitución por vía notarial (en la Ley 8/2022, acción de revocación).
Tampoco se contempla el mutuo disenso consignado en escritura pública, que sí está previsto para las definiciones de descendientes. Probablemente habría sido aconsejable introducir esta posibilidad en este ámbito del derecho de familia. Pensemos en un divorcio o una separación legal de mutuo acuerdo, que en algunos casos podría ser incluso notarial. Si los cónyuges quisieran devolver la donación de forma consensuada, a mi entender sería necesario seguir un procedimiento de negociación (MASC) conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
4.4. Legitimación
La legitimación activa corresponde solo al cónyuge. Por tanto, no se transmite a los herederos, salvo que fallezca una vez iniciado el proceso.
5. Revocación
5.1. Causas
Son causas de revocación los supuestos en que el cónyuge que ha definido incurre en cualquiera de las causas de desheredación de los apartados a), b), e), f), g) y h) del artículo 7 bis de la Compilación:
- Los condenados en juicio penal por sentencia firme por haber atentado contra la vida o por lesiones graves contra el causante, su cónyuge, su pareja estable o de hecho o alguno de sus descendientes o ascendientes.
- Los condenados en juicio penal por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, su pareja estable o de hecho o alguno de sus descendientes o ascendientes.
- (…)
- Los condenados por sentencia firme a pena grave por delitos contra los deberes familiares, en la sucesión de la persona agraviada.
- Los que hayan acusado al causante de un delito para el que la ley señale pena grave, si son condenados por denuncia falsa.
- Los que hayan inducido u obligado al causante a otorgar, revocar o modificar las disposiciones sucesorias, o le hayan impedido otorgarlas, modificarlas o revocarlas.
- Los que destruyan, alteren u oculten cualquier disposición mortis causa otorgada por el causante.
- En la sucesión de las personas con discapacidad, los que no hayan prestado las atenciones debidas en concepto de alimentos.
5.2. Efectos
Con la revocación de la definición, el cónyuge atribuyente recupera la atribución patrimonial que transmitió, si se conserva en el patrimonio del cónyuge atributario. Si este dispuso de los bienes a título oneroso, recupera la contraprestación; si dispuso de ellos a título gratuito, su valor.
Aquí debemos repetir las consideraciones hechas ut supra sobre las diferencias entre la definición de descendientes y la del cónyuge:
- En la definición de descendientes, si el donatario ha dispuesto a título oneroso, el donante no puede reclamar nada. En la definición del cónyuge, el donante puede reclamar la contraprestación.
- En la definición de descendientes, si el donatario ha dispuesto de los bienes a título gratuito, el donante puede recuperarlos (del donatario del donatario). En la definición del cónyuge, el donante puede reclamar el valor de los bienes, pero no su restitución al donatario del donatario.
Sobre el momento de valoración de los bienes dispuestos a título gratuito, nos remitimos a lo comentado anteriormente.
No deberán devolverse los frutos obtenidos antes de la interposición de la demanda de restitución.
Tampoco afectará a las cargas que el cónyuge atributario haya constituido sobre estos bienes antes de la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad, pero sí a las constituidas después de dicha anotación preventiva como causa de revocación y plazo diferente.
5.3. Procedimiento
Solo el otro cónyuge puede ejercer la acción de revocación. Si fallece durante el proceso, pueden continuarlo sus herederos. Parece una solución acertada, porque evita que los herederos del donante reclamen contra su madrastra o padrastro cuando el propio cónyuge donante no quiso hacerlo en vida.
Observamos dos diferencias respecto a la regulación actual de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión paccionada o contractual de las Illes Balears:
- No se contempla la posibilidad de ejercer la acción de restitución por vía notarial (en la Ley 8/2022, acción de revocación).
- El plazo para ejercerla es de 5 años. En cambio, para revocar una definición de descendientes el plazo es de 1 año, el mismo que prevé el artículo 7 bis de la Compilación para las causas de indignidad para suceder. A mi parecer, 5 años son muchos, porque introducen una importante inseguridad jurídica en el tráfico económico. En todo caso, no se acaba de entender que una misma ley fije plazos tan dispares para supuestos con la misma razón jurídica. Habría sido deseable que el legislador unificara este plazo en un sentido u otro.
4.4. Legitimación
También aquí la legitimación activa corresponde solo al cónyuge, aunque la ley contempla dos excepciones:
- Cuando fallece durante el proceso de revocación, en cuyo caso pueden continuarlo sus herederos.
- Cuando la causa de desheredación es haber atentado contra la vida del cónyuge atribuyente y el atentado le causó la muerte, de modo que no pudo ejercer la acción. En este caso, sus herederos podrán ejercer la acción de revocación del pacto de definición dentro del año siguiente a la firmeza de la sentencia condenatoria.
6. Efectos de la definición entre cónyuges
Los efectos son los mismos que en la definición de descendientes:
- El cónyuge donatario que ha definido no podrá interponer la acción de suplemento de legítima.
- Quedará sin efecto cualquier disposición sobre la legítima a favor del cónyuge que ha definido sus futuros derechos legitimarios, si la ha ordenado el otro cónyuge en testamento, en donación universal de bienes presentes y futuros o en codicilo, tanto antes como después de la definición.
- Si el otro cónyuge muere intestado, el cónyuge que ha definido no tendrá los derechos que le concede el artículo 45 de la Compilación, pero sí podrá ser heredero intestado.
7. Definición del cónyuge y otros pactos sucesorios
De acuerdo con el artículo 15.5 de la Ley 8/2022, es perfectamente posible otorgar un pacto de donación universal a favor del cónyuge o de un tercero y, más adelante, un pacto de definición con el cónyuge.
No vemos inconveniente en que el donante otorgue un pacto de definición con sus descendientes y otro con su cónyuge, sean o no simultáneos.
8. Aplicación de las disposiciones generales del título primero de la Ley 8/2022
Dado que el nuevo capítulo IV está incluido en el título primero de la Ley 8/2022, será de aplicación el capítulo I de disposiciones generales (artículos 5 a 10).
Por tanto, este pacto tendrá los mismos requisitos de capacidad que el resto de pactos sucesorios de Menorca y Mallorca (art. 7).
Merece un comentario el requisito de forma, ya que el artículo 7 exige que se formalicen en escritura pública para su validez. Observamos que el artículo 25.4 de la nueva Ley del Régimen Económico Patrimonial del Matrimonio introduce la posibilidad de celebrar un pacto de definición entre cónyuges en capitulaciones matrimoniales otorgadas constante el matrimonio:
4. También pueden incluir la donación universal de bienes presentes y futuros entre los futuros contrayentes o entre los cónyuges; o este mismo pacto sucesorio y otros por razón del matrimonio, otorgados con terceras personas, de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears.
En capítulos matrimoniales otorgados constante matrimonio, los cónyuges podrán otorgarse uno, otro o ambos el pacto de definición, de acuerdo con el capítulo IV del título II de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears.
Por otra parte, también serán de aplicación las normas de interpretación e integración (arts. 9 y 10).
Cabe señalar que la disposición final primera de la Ley del Régimen Económico Patrimonial del Matrimonio establece:
Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears.
Se modifica la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la rúbrica del capítulo III del título II, en el siguiente sentido:
Donde dice: Capítulo III. La definición.
Dirá: Capítulo III. La definición entre descendientes legitimarios y sus ascendientes.
En consecuencia, estas disposiciones generales solo son aplicables a las definiciones entre ascendientes y descendientes, y no a la del cónyuge.
Así, el nuevo capítulo de la ley que regula la definición del cónyuge no dice nada sobre la computación de las donaciones, por lo que será de aplicación el artículo 47 de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears.
Tampoco dice nada sobre que la donación deba ser pura y simple. Este requisito sí lo recoge el artículo 39 de la Ley 8/2022, que antes de esta reforma tenía alcance general para todas las definiciones, en la línea del anterior artículo 50.4 de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears. Aun así, debemos entender que la definición entre cónyuges también debe ser pura y simple. Se trata, a mi parecer, de un principio sucesorio propio del derecho civil de Menorca y Mallorca (art. 10 de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears).
9. Equiparación a las parejas estables
Las parejas estables también podrán otorgar la donación con definición, en virtud de la disposición final primera, que modifica la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears:
Artículo 50 sexies. Definición de los futuros derechos legitimarios entre parejas estables.
También podrán pactar definición las parejas estables sometidas al derecho civil de las Illes Balears, con los mismos efectos que regula el artículo 50 quinquies.
Les será de aplicación la causa de ineficacia sobrevenida por premoriencia de la pareja del artículo 50 ter y sus efectos, así como la cancelación de su inscripción como pareja estable en el registro correspondiente, salvo que sea por contraer matrimonio. También serán de aplicación los supuestos de revocación y sus efectos del artículo 50 quater.
